EE. UU. plantea elecciones en 2027 tras renovar TSJ y CNE
Vierne5. / Nacionales.
Washington plantea renovar el TSJ y el CNE antes de una salida de Delcy Rodríguez y elecciones presidenciales en Venezuela.
- Hoja de ruta de Washington para Venezuela
- Salida de Delcy Rodríguez de la Presidencia
- Renovación del TSJ y CNE
- Transición democrática venezolana
Estados Unidos respalda una hoja de ruta para que Venezuela renueve el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), antes de abrir paso a la salida de Delcy Rodríguez de la Presidencia encargada y a unas elecciones presidenciales que podrían celebrarse en 2027. El planteamiento, explicado por funcionarios del Departamento de Estado, todavía no constituye un acuerdo electoral definitivo y enfrenta importantes interrogantes constitucionales.
La estrategia de Washington fue conocida el 26 de octubre, cuando un alto funcionario estadounidense explicó que la administración de Donald Trump espera completar primero la transformación de las instituciones encargadas de garantizar el proceso democrático. Solo después se produciría una declaración de falta absoluta en la Presidencia que permitiría activar la convocatoria electoral.
La información, divulgada por la agencia EFE, coincide con el regreso de María Corina Machado a Venezuela, las exigencias de elecciones libres formuladas por la Conferencia Episcopal y las negociaciones políticas entre el Gobierno encargado y representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
El debate adquiere una dimensión nacional: determinar si la renovación institucional servirá para devolver a los venezolanos la posibilidad de elegir libremente a sus autoridades o si terminará prolongando una transición dirigida desde el exterior.
Washington propone cambiar las instituciones antes de convocar elecciones
El planteamiento estadounidense establece una secuencia política: primero un nuevo TSJ, después la renovación del CNE y posteriormente la definición del mecanismo que permita convocar elecciones presidenciales.
Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó que Washington espera disponer de un nuevo máximo tribunal antes de finalizar 2026 y renovar las autoridades electorales poco después.
Según el funcionario, una vez completados esos pasos, debería declararse la falta absoluta en la Presidencia para iniciar el proceso electoral correspondiente.
La propuesta constituye una orientación de la política estadounidense y no una decisión ya adoptada por las instituciones venezolanas.
Marco Rubio, secretario de Estado y principal responsable de la estrategia de Washington hacia Venezuela, insistió el lunes 26 de octubre en que la estructura electoral del país debe ser sustituida para garantizar una votación legítima.
Rubio afirmó que las conversaciones entre el Gobierno provisional y representantes opositores están produciendo avances, pero evitó comprometerse con una fecha precisa para los comicios.
De acuerdo con Reuters, Washington considera indispensable reconstruir el sistema electoral antes de realizar una nueva votación nacional.
El 11 de diciembre será una fecha decisiva para el TSJ
El calendario judicial ya presenta avances concretos. El Comité de Postulaciones Judiciales tiene previsto entregar el 11 de diciembre a la Asamblea Nacional la lista de candidatos seleccionados para integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
La fecha fue anunciada el 24 de octubre por Sergio Vergara, integrante de la delegación opositora en la mesa de diálogo.
El procedimiento contempla varias etapas:
- 28 de octubre de 2026: inicio de la recepción de postulaciones para aspirantes a magistrados.
- 20 de noviembre de 2026: fecha prevista para concluir la recepción de candidaturas.
- 21 de noviembre de 2026: publicación de la lista de aspirantes e inicio del período de impugnaciones.
- 11 de diciembre de 2026: presentación de los candidatos seleccionados ante la Asamblea Nacional.
- Después de la presentación: decisión parlamentaria sobre la designación de los nuevos magistrados.
Es importante precisar que el 11 de diciembre no representa necesariamente la fecha de juramentación del nuevo tribunal. El cronograma establece la presentación de candidaturas, mientras la designación definitiva dependerá del procedimiento parlamentario.
La independencia judicial será determinante. Sustituir magistrados sin modificar las prácticas de subordinación política no bastaría para garantizar una justicia capaz de resolver controversias electorales con imparcialidad.
El Consejo Nacional Electoral constituye el segundo desafío
La renovación del CNE aparece como el paso siguiente dentro del esquema respaldado por Estados Unidos.
El organismo deberá garantizar condiciones de participación, registro electoral, transparencia en el escrutinio y confianza en los resultados.
La administración Trump espera que la selección de nuevas autoridades electorales avance después de la renovación judicial, posiblemente durante los primeros meses de 2027. Sin embargo, todavía no existe un cronograma oficial definitivo para ese procedimiento.
Entre las tareas que requieren atención figuran:
- Seleccionar rectores mediante criterios transparentes e independientes.
- Actualizar y depurar el Registro Electoral.
- Garantizar la inscripción y actualización de datos de venezolanos residentes en el exterior.
- Establecer procedimientos verificables de totalización y publicación de resultados.
- Permitir observación electoral nacional e internacional independiente.
- Eliminar restricciones arbitrarias contra candidatos y organizaciones políticas.
- Garantizar mecanismos efectivos para resolver impugnaciones y controversias.
Estas condiciones adquieren especial importancia después de las disputas sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, que dejaron una profunda fractura en la confianza ciudadana.
La controversia constitucional sobre la falta absoluta
Uno de los aspectos más delicados de la propuesta estadounidense es el mecanismo que permitiría sustituir a Delcy Rodríguez en la Presidencia encargada.
El funcionario del Departamento de Estado sostuvo que declarar una vacancia presidencial abriría un período de seis meses para celebrar elecciones. Sin embargo, esa interpretación plantea interrogantes jurídicos.
El artículo 233 de la Constitución venezolana establece, para determinados supuestos de falta absoluta durante los primeros cuatro años del período presidencial, la celebración de elecciones dentro de los 30 días consecutivos siguientes.
Por su parte, el artículo 234 regula las faltas temporales y contempla un máximo de 90 días, prorrogables por otros 90 bajo las condiciones constitucionales correspondientes.
La organización jurídica Acceso a la Justicia advirtió en julio que los plazos de la encargaduría presidencial habían superado los límites previstos para una ausencia temporal.
Por tanto, la propuesta de seis meses expuesta desde Washington no puede presentarse automáticamente como una consecuencia indiscutible de la Constitución.
Será necesario aclarar qué procedimiento jurídico se pretende utilizar, qué instituciones tendrán competencia para ejecutarlo y cómo se garantizará su compatibilidad con el orden constitucional venezolano.
La seguridad jurídica del proceso dependerá también de resolver esa controversia.
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María Corina Machado regresa y cambia el escenario político
La nueva hoja de ruta coincide con un acontecimiento de especial importancia: el regreso de María Corina Machado a Venezuela el domingo 25 de octubre, después de aproximadamente diez meses fuera del país.
La dirigente opositora reapareció públicamente en el estado Lara, durante una visita al Santuario de la Divina Pastora, antes de trasladarse hacia Caracas acompañada por una caravana de simpatizantes.
Su retorno modifica el equilibrio político de la transición porque devuelve al territorio nacional a uno de los liderazgos que reclaman elecciones presidenciales y cuestionan la continuidad del actual modelo de poder.
Machado ha planteado que los comicios deberían celebrarse antes de mediados de 2027, una aspiración que puede entrar en tensión con los plazos necesarios para renovar las instituciones.
Marco Rubio confirmó que Washington había solicitado semanas antes a las autoridades venezolanas permitir el regreso de Machado sin represalias.
Según el secretario de Estado, el Gobierno encargado manifestó que la dirigente podía ingresar al territorio nacional.
Sin embargo, Machado y su organización política no participan directamente en la mesa de negociación respaldada por Washington, una circunstancia que mantiene abierto el debate sobre la representatividad del proceso.
La Unión Europea celebró su regreso y solicitó que la apertura política facilite una negociación inclusiva, conducida por los propios venezolanos, que permita avanzar hacia elecciones libres y justas.
La Iglesia exige elecciones libres y una justicia independiente
La Conferencia Episcopal Venezolana también intervino en el debate institucional.
El 23 de octubre, al concluir su 126.ª Asamblea Ordinaria, los obispos reclamaron elecciones libres y transparentes con autoridades electorales imparciales y un Tribunal Supremo de Justicia independiente.
La exhortación pastoral, leída por el arzobispo de Mérida, Helizandro Terán, también pidió garantías de debido proceso, eliminación de las inhabilitaciones arbitrarias y respeto a los derechos políticos.
La posición de la Iglesia no se limita al calendario electoral. Los obispos expresaron preocupación por la precariedad económica, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de instituciones capaces de responder a las necesidades de la población.
También reconocieron determinadas señales de apertura, como las liberaciones de presos políticos y una mayor libertad de expresión, aunque insistieron en que todavía queda un largo camino para restituir plenamente los derechos ciudadanos.
La intervención del episcopado incorpora una dimensión social al debate: la transición no puede medirse únicamente por acuerdos entre partidos o gobiernos, sino por su capacidad de mejorar las condiciones de vida y garantizar libertades reales.
¿Elecciones en 2027 o una transición más prolongada?
El calendario presidencial continúa siendo una incógnita.
La administración estadounidense considera posible completar primero las reformas institucionales y avanzar después hacia elecciones. No obstante, los funcionarios consultados por medios internacionales reconocen que todavía no existe una fecha electoral definitiva.
El escenario más favorable permitiría celebrar elecciones durante 2027, pero los plazos podrían extenderse si surgen dificultades en la renovación del TSJ, el CNE o la definición del mecanismo constitucional de convocatoria.
La diferencia entre una aspiración política y un compromiso institucional es importante. Una elección anunciada sin autoridades confiables podría reproducir las controversias del pasado. Pero una renovación institucional indefinidamente prolongada también podría generar nuevas tensiones y pérdida de confianza.
La prioridad debería consistir en establecer un calendario público, razonable y verificable que permita evaluar avances y responsabilidades.
La soberanía venezolana ante la influencia de Washington
El protagonismo estadounidense en la transición reabre una discusión sensible sobre la soberanía nacional.
Washington ha utilizado su influencia diplomática, financiera y energética para respaldar las negociaciones entre el Gobierno encargado y representantes opositores.
Ese acompañamiento puede contribuir a generar compromisos y reducir la incertidumbre institucional. Sin embargo, también plantea el riesgo de que las decisiones fundamentales sobre el sistema político venezolano dependan excesivamente de prioridades externas.
La recuperación del sector energético, la entrada de inversiones internacionales y la estabilidad económica son asuntos relevantes, pero no deberían sustituir la voluntad ciudadana como fundamento de legitimidad.
Una transición verdaderamente democrática deberá combinar cooperación internacional con autonomía institucional, participación plural y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Las decisiones que definirán el futuro político
La hoja de ruta respaldada por Washington plantea oportunidades, pero también exige resultados verificables.
Durante los próximos meses será necesario observar:
- Si el Comité de Postulaciones cumple el cronograma establecido para diciembre.
- Si los nuevos magistrados del TSJ son seleccionados por méritos profesionales e independencia.
- Si la renovación del CNE incluye participación plural y garantías de imparcialidad.
- Si se eliminan las restricciones arbitrarias que afectan a determinados dirigentes políticos.
- Si se acuerda un calendario electoral público y jurídicamente sustentado.
- Si las negociaciones incorporan mecanismos de participación para sectores actualmente excluidos.
- Si se define una solución constitucional clara para la situación de la Presidencia encargada.
El cumplimiento de estos compromisos permitirá distinguir una transformación institucional real de una reorganización política limitada.
La transición necesita instituciones y confianza ciudadana
El planteamiento estadounidense de impulsar elecciones presidenciales después de renovar el TSJ y el CNE constituye una señal importante sobre la orientación que Washington desea dar al proceso venezolano.
Sin embargo, la salida de Delcy Rodríguez no ha sido formalmente acordada, las nuevas instituciones todavía no están constituidas y el calendario presidencial continúa pendiente.
El regreso de María Corina Machado, las exigencias de la Iglesia y las expectativas ciudadanas aumentan la presión para que la transición avance con resultados concretos.
El desafío para Venezuela consiste en evitar dos extremos: celebrar elecciones sin garantías suficientes o prolongar indefinidamente una transición que todavía no devuelve plenamente el poder de decisión a los ciudadanos.
La reconstrucción nacional requerirá justicia independiente, instituciones electorales confiables, libertad política y una economía cuyos beneficios alcancen efectivamente a la población.
El periodismo independiente tiene la responsabilidad de contrastar anuncios y resultados, examinar los procedimientos institucionales y mantener la atención sobre el derecho de los venezolanos a decidir su propio futuro.
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